El Gobierno de las Islas Canarias ha confirmado que mantendrá y aumentará la tasa fiscal sobre los cigarrillos electrónicos en su presupuesto de 2025. La ministra de Finanzas, Matilde Asián, anunció la medida como parte de una estrategia más amplia de salud pública destinada a disuadir el vapeo juvenil.
Esta decisión se apoya en el presupuesto pionero de 2024 de la región. Las Islas Canarias se convirtieron anteriormente en la primera región española en aplicar un impuesto de 0,10 € por mililitro a todos los e-líquidos, aplicándose por igual a los productos con nicotina y sin nicotina.
La ministra Asián subrayó que esta política fiscal refleja el compromiso del Gobierno con la salud pública, expresando su esperanza de que pronto se adopten mandatos similares de tributación en el conjunto de Europa.
La política ha recibido respaldo debido al aumento de la preocupación por la adicción juvenil. Melodie Mendoza, del Partido Socialista de La Gomera (ASG), apoyó la medida, alineándola con los esfuerzos del Ministerio de Sanidad para regular los cigarrillos electrónicos de forma idéntica al tabaco tradicional.
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Mendoza calificó los dispositivos de vapeo dulces y con apariencia de juguete como «puertas de entrada engañosas» para los adolescentes, destacando varias preocupaciones críticas de salud pública:
- Efecto puerta de entrada: Los estudios indican que los niños que usan cigarrillos electrónicos tienen hasta tres veces más probabilidades de pasar a fumar tabaco tradicional.
- Riesgos inherentes para la salud: Incluso los productos de vapeo sin nicotina presentan riesgos significativos para la salud, en particular en lo que respecta al daño pulmonar y la formación de hábitos en menores.
- Falta de eficacia: No hay pruebas sólidas que demuestren que los cigarrillos electrónicos sirvan como herramientas eficaces para dejar de fumar.
Al aumentar el impuesto, el Gobierno prevé un doble beneficio: crear un fuerte freno económico contra el vapeo juvenil y, a la vez, asegurar financiación adicional vital para los servicios sanitarios locales. Las autoridades esperan que esta postura proactiva marque un precedente regulatorio para que el resto de España la siga en la lucha contra los daños relacionados con el tabaco.
