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Malta frena la reforma fiscal del tabaco en la UE mientras se acuerda un presupuesto récord para 2027

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Malta frena el intento de Bruselas de armonizar los impuestos sobre la nicotina mientras la UE cierra un presupuesto récord para 2027.
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La política fiscal europea está marcada actualmente por dos tendencias opuestas: el impulso a una armonización fiscal ambiciosa y una expansión sin precedentes del gasto centralizado. Aunque 26 Estados miembros alcanzaron un consenso sobre la nueva directiva de impuestos al tabaco y la nicotina, el veto de Malta durante la reunión del Ecofin del 9 de noviembre ha paralizado por ahora la legislación.

La reforma fiscal propuesta para el tabaco supone un cambio en el alcance de la influencia de Bruselas sobre los impuestos a los productos de consumo. El plan contempla un calendario plurianual para elevar los impuestos mínimos a los cigarrillos de 90 a 200 euros por cada 1.000 cigarrillos antes de 2032. Además, por primera vez, las bolsitas de nicotina, los líquidos para cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado quedarían sujetos a un marco europeo común de tributación mínima.

Clyde Caruana, ministro de Finanzas de Malta, afirmó que los tipos mínimos propuestos no son proporcionales y no tienen en cuenta las distintas realidades económicas de cada país. La postura de Malta defiende que la política fiscal debe seguir siendo competencia nacional, un principio cada vez más cuestionado por los esfuerzos de integración europea. Pese a las concesiones ofrecidas por la presidencia irlandesa —como suavizar los ajustes automáticos por inflación—, Malta mantuvo su oposición y se acogió al requisito de unanimidad de la UE en materia tributaria.

La Comisión Europea sostiene que es necesario elevar los impuestos especiales para proteger la salud pública, especialmente para disuadir a los jóvenes de iniciarse en el consumo. Sin embargo, sus detractores advierten que establecer mínimos fiscales elevados en economías muy distintas podría fomentar el contrabando transfronterizo y el comercio ilícito. Wopke Hoekstra, comisario europeo de Fiscalidad, tiene previsto viajar a Malta a principios de diciembre para presionar al último país reticente a que acepte un acuerdo.

Presupuesto de 2027: un marco de 211.500 millones de euros

Mientras el debate sobre los impuestos al tabaco sigue sin resolverse, la UE ha logrado cerrar su presupuesto para 2027. Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo acordaron créditos de pago por valor de 211.500 millones de euros. Se prevé que el presupuesto se apruebe formalmente a finales de noviembre.

El reparto de los fondos da una idea de la magnitud del gasto de la UE:

  • Cohesión y resiliencia: 75.800 millones de euros destinados a valores compartidos y estabilidad económica.
  • Recursos naturales: 57.100 millones de euros asignados a la agricultura y la protección del medio ambiente.
  • Administración: Aproximadamente 13.900 millones de euros para el aparato institucional europeo.
  • Programas estratégicos: Miles de millones destinados a investigación, infraestructuras digitales y política de seguridad exterior.

Sus defensores consideran que estos fondos son esenciales para impulsar la competitividad económica y apoyar a Ucrania. En cambio, los partidarios de la disciplina fiscal se preguntan si esta expansión del gasto centralizado es compatible con la necesidad de simplificar la normativa y reducir la carga para ciudadanos y empresas.

En defensa de la soberanía fiscal

El impulso simultáneo a los impuestos mínimos y a un presupuesto récord pone de manifiesto un conflicto de fondo en la Unión Europea. Al fijar mínimos fiscales vinculantes, Bruselas limita la capacidad de los gobiernos nacionales para responder al poder adquisitivo local y a las crisis económicas. Esta armonización reduce el margen para competir fiscalmente entre Estados miembros, una herramienta que los gobiernos han utilizado tradicionalmente para atraer inversiones y conservar flexibilidad económica.

Para países contribuyentes netos como Austria y Alemania, estas medidas tienen especial relevancia. A medida que aumentan las obligaciones financieras europeas, crece la presión sobre los presupuestos nacionales, mientras que las directrices de Bruselas restringen la capacidad de estos países para gestionar sus propios sistemas fiscales.

En definitiva, el veto de Malta recuerda que el derecho de los países a decidir sus impuestos sigue siendo una garantía fundamental de rendición de cuentas democrática. El debate sobre la centralización de la fiscalidad y el gasto seguirá ocupando un lugar central el próximo año, mientras los Estados miembros buscan un equilibrio entre los objetivos comunes europeos y la necesidad de mantener el control local sobre la carga fiscal que soportan sus ciudadanos.