El canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el primer ministro belga Bart De Wever han exigido un mecanismo de «freno de emergencia» para bloquear la legislación de la UE excesivamente gravosa. La propuesta, presentada antes de una cumbre de líderes en Bruselas, busca proteger a las empresas de la burocracia y salvaguardar la competitividad industrial europea.
Frenar la burocracia para proteger el crecimiento empresarial
En una carta conjunta dirigida al presidente del Consejo Europeo, António Costa, los tres líderes definieron el freno de emergencia como «un último recurso y una salvaguarda adicional» frente a los costes regulatorios derivados de las próximas directivas de la UE.
La iniciativa se basa en los esfuerzos de los «Amigos de la Competitividad», una alianza informal de 19 Estados miembros de la UE liderada por Alemania, Italia y Bélgica. La coalición quiere que Bruselas dé prioridad al rendimiento económico ante las crecientes presiones globales sobre los fabricantes y empleadores europeos.
Aplicar la regla de prioridad a los sectores estratégicos
Además de pausar las nuevas normativas, los líderes pidieron agilizar los procedimientos de planificación y aprobación en sectores esenciales para la resiliencia industrial futura. Entre ellos figuran la descarbonización, las infraestructuras energéticas, la inteligencia artificial y la defensa.
Según la «regla de prioridad» propuesta, las normativas vigentes en estos sectores concretos se suspenderían temporalmente o se simplificarían. El objetivo es eliminar los obstáculos administrativos que ralentizan el desarrollo y la implantación de nuevas tecnologías en el mercado único.
Invertir la carga de la prueba en la presentación de informes empresariales
Reducir los requisitos de cumplimiento normativo para las empresas es un pilar fundamental de la iniciativa. Los tres líderes pidieron invertir la carga de la prueba en lo que respecta a las obligaciones de presentación de informes.
Con este enfoque, los responsables políticos de la UE tendrían que demostrar que cualquier nuevo requisito de presentación de información es necesario antes de imponerlo, en lugar de dar por sentada su utilidad. El cambio pretende reducir la carga administrativa, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Está previsto que los jefes de Estado de la UE debatan el alcance, los mecanismos jurídicos y la aplicación de la propuesta durante su cumbre en Bruselas.
