El Ministerio de Sanidad de España está impulsando un proyecto de real decreto para limitar los ingredientes de los cigarrillos electrónicos exclusivamente a aromas de tabaco. La medida ha suscitado el rechazo formal de los reguladores del mercado, de varios Estados miembros de la Unión Europea y de analistas económicos, que advierten de que la restricción desestabilizaría el mercado nacional y empujaría a los consumidores hacia canales no regulados.
Según una evaluación económica de International Financial Analysts (Afi), la prohibición de sabores provocaría grandes pérdidas en los sectores de fabricación, distribución mayorista y venta minorista en toda España.
Consecuencias económicas: el valor del sector se reduciría en más de un 83 %
En 2023, la cadena de valor del vapeo en España generó 317 millones de euros de valor añadido bruto y sostuvo 4.630 empleos equivalentes a tiempo completo. Según las estimaciones de Afi, con la restricción propuesta por el Ministerio de Sanidad, la contribución del sector se reduciría a 54 millones de euros y desaparecerían aproximadamente 3.800 empleos.
El estudio destaca un efecto multiplicador económico directo: por cada euro de valor que se pierda en el mercado del vapeo, se perderán otros 1,50 euros en el conjunto de la economía. Del mismo modo, cada empleo directo que desaparezca en el sector conllevará la pérdida de 2,8 empleos en actividades económicas relacionadas.
| Indicador económico | Situación de referencia (antes de la prohibición) | Previsión con la prohibición de sabores | Impacto estimado |
|---|---|---|---|
| Valor añadido bruto | 317 millones de euros | 54 millones de euros | -83 % (-263 millones de euros) |
| Empleo sostenido | 4.630 empleos a tiempo completo | 810 empleos a tiempo completo | -82,5 % (-3.820 empleos) |
| Ingresos fiscales anuales | 77 millones de euros | 10 millones de euros | -87 % (-67 millones de euros) |
| Valor a largo plazo (2030) | 660 millones de euros | 110 millones de euros | Pérdida de 550 millones de euros |
El centro de fabricación de Cataluña se enfrenta a una grave exposición regional. Cataluña concentra hasta el 80 % de la fabricación industrial de líquidos para cigarrillos electrónicos en España. El informe de Afi prevé que la prohibición de sabores eliminaría entre 23 y 54 millones de euros de valor añadido en la región y suprimiría entre 140 y 330 empleos industriales de fabricación.
- Más información: Bruselas se pronunciará el 28 de abril sobre la prohibición de sabores para vapeadores en España
Amenaza para los ingresos fiscales del Estado y la inversión privada
La prohibición de sabores alteraría la recaudación estatal del nuevo impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y los productos relacionados con el tabaco, introducido en abril de 2025. Este gravamen específico recaudó 30 millones de euros en 2025 y 25,9 millones durante los siete primeros meses de 2026, hasta alcanzar casi 56 millones de euros de ingresos públicos acumulados.
Además de afectar a la recaudación fiscal actual, la prohibición amenaza la inversión de capital. El sector invirtió aproximadamente 120 millones de euros en 2024 y había previsto inversiones de capital por valor de 1.580 millones de euros entre 2024 y 2030. Afi estima que la aplicación del decreto paralizaría por completo estos compromisos.
Distorsión del mercado y oposición regulatoria
Una encuesta a consumidores de Sigma Dos citada en el informe revela que el 87 % de los vapeadores adultos en España consume sabores distintos del tabaco. Si estos productos desaparecen de los puntos de venta legales, el 54 % de los consumidores tiene intención de seguir vapeando a través de canales alternativos, mientras que el 12 % afirma que volverá a fumar cigarrillos convencionales.
El proyecto de decreto ha encontrado resistencia institucional. Seis Estados miembros de la UE presentaron objeciones formales en el marco del procedimiento de notificación TRIS de la Comisión Europea. En el ámbito nacional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió de que las restricciones que afectan a la libertad constitucional de empresa requieren una ley formal, no un decreto administrativo.
El análisis de Afi señala que el Ministerio de Sanidad podría proteger a los menores mediante alternativas específicas: licencias estrictas para los puntos de venta, un control más riguroso de la verificación de edad, prohibiciones de envases dirigidas a evitar su atractivo para los jóvenes y restricciones selectivas de sabores, en lugar de una prohibición general de los productos destinados a adultos.
