El Ministerio de Salud de Turquía ha presentado ante la Gran Asamblea Nacional de Turquía (TBMM) un proyecto de ley para imponer una prohibición de por vida a la venta de tabaco a cualquier persona nacida el 1 de enero de 2000 o después. Elaborada en el marco de la estrategia «Fin del tabaco» de la Organización Mundial de la Salud, la propuesta busca evitar que las generaciones futuras desarrollen dependencia de la nicotina.
Según el proyecto de ley, las personas nacidas en la fecha límite de 2000 o después no podrán comprar legalmente cigarrillos, dispositivos de tabaco calentado ni cigarrillos electrónicos, independientemente de su edad. La restricción se aplicará durante toda su vida.
Disposiciones clave del paquete legislativo
Además de la prohibición generacional de venta, la propuesta introduce varias normas estrictas para el mercado:
- Envases neutros estandarizados: Se eliminarán los logotipos de marca, los colores distintivos y los elementos de diseño, y se exigirán envases uniformes con advertencias sanitarias destacadas.
- Ampliación de las prohibiciones de fumar en espacios públicos: Se prohibirá fumar al aire libre en paradas de autobús, campos deportivos, parques infantiles, escuelas y recintos hospitalarios.
- Restricciones a los vapeadores y al tabaco calentado: Se prohibirán los líquidos para vapeo con sabores y todos los dispositivos electrónicos de nicotina estarán sujetos a las mismas restricciones normativas que los cigarrillos tradicionales.
- Restricciones a la publicidad digital: Se aplicarán medidas legales y técnicas más estrictas contra las promociones indirectas, incluido el marketing de influencers en las redes sociales.
El ministro de Salud, Kemal Memişoğlu, declaró que el proyecto de ley se centra en «proteger la salud de los jóvenes y librar del tabaco a las generaciones futuras». Aunque los grupos de defensa de la salud respaldan la iniciativa, los representantes de la industria tabacalera sostienen que las prohibiciones totales impulsarán el comercio ilícito en el mercado negro en lugar de reducir el consumo. Si el Parlamento aprueba la ley, se prevé que entre en vigor en un plazo de seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial.
