El gobierno francés ha dado a conocer una propuesta de «impuesto al vape» en su plan presupuestario para 2026, dirigida a los e-líquidos con un recargo de hasta 50 céntimos por botella. Presentada por el gobierno como parte de su estrategia fiscal más amplia, la medida busca reforzar las arcas del Estado, pero ya ha recibido fuertes críticas por parte de defensores de la salud pública, consumidores y minoristas independientes, que sostienen que penaliza una herramienta vital para dejar de fumar.
Actualmente, las botellas estándar de e-líquido de 10 ml en Francia se venden entre 5 y 7 €. El gravamen propuesto, previsto para aplicarse en la segunda mitad de 2026, segmentará los productos según su contenido de nicotina. Además, el presupuesto propone ligeros aumentos de impuestos sobre los productos de tabaco calentado, que compiten directamente con los cigarrillos electrónicos.
| Categoría de producto (botella de 10 ml) | Impuesto francés propuesto (2026) | Impuesto de la UE previsto (2028) |
|---|---|---|
| Baja nicotina (< 15 mg) | €0,30 | €1,20 a €3,60 |
| Alta nicotina (≥ 15 mg) | €0,50 |
Para las 3.500 tiendas especializadas de vapeo de Francia, que respaldan aproximadamente 20.000 empleos, este impuesto supone una grave amenaza económica. El sindicato nacional del sector del vapeo, Fivape, advirtió que estos medios de vida ahora están en riesgo, ya que el impuesto podría diezmar los márgenes de beneficio y disuadir a los fumadores de cambiar a alternativas más seguras.
Los minoristas también manifiestan una profunda preocupación por el desplazamiento del mercado. Los propietarios de las tiendas temen que los aumentos artificiales de precios alejen a los consumidores más sensibles al precio de los comercios regulados de ladrillo y mortero. En su lugar, se espera que los compradores recurran a canales online ilícitos, como Snapchat, donde se venden productos falsificados baratos, no probados y potencialmente peligrosos sin verificación de edad.
Los consumidores están igual de frustrados. Muchas de las personas que cambiaron del tabaco al vapeo para ahorrar dinero sienten que el Estado las penaliza. Aunque las autoridades sanitarias reconocen los riesgos cardiovasculares a largo plazo asociados al vapeo, los defensores del sector sostienen que gravar la ayuda más eficaz para dejar de fumar es contraproducente para la salud pública y castiga económicamente a quienes intentan abandonar el hábito.
