Galicia ha creado la mayor red de playas sin humo de España, con una de cada cuatro zonas costeras del país libres de tabaco. La iniciativa autonómica abarca ya 85 municipios y 249 espacios protegidos, donde se prohíben por completo tanto el tabaco combustible como los cigarrillos electrónicos.
Ampliación de la red de playas costeras sin humo y sin vapeo
La Rede Galega de Praias sen Fume (Red Gallega de Playas sin Humo) se puso en marcha en 2016 con solo 19 ayuntamientos participantes. Actualmente, la red abarca 249 espacios, entre ellos zonas costeras marítimas, puertos y 39 playas fluviales.
Un total de 49 municipios gallegos han alcanzado la categoría Oro al declarar que el 100 % de sus playas están completamente libres de humo y de vapeo. Los municipios que cuentan con esta distinción se encuentran en las cuatro provincias:
- A Coruña (18 municipios): Entre ellos, Bergondo, Boiro, Cabanas, Cedeira, Fene, Laxe, Muros, Noya, Oleiros y Pontedeume.
- Pontevedra (13 municipios): Entre ellos, Baiona, Catoira, A Lama, Mondariz, Ponteareas, Redondela, Sanxenxo y Tui.
- Lugo (10 municipios): Entre ellos, Barreiros, Begonte, Cervo, Chantada, Mondoñedo y O Vicedo.
- Ourense (8 municipios): Entre ellos, Avión, Bande, Beariz, Castrelo de Miño y Laza.
- Más información: Galicia será la primera región española en restringir legalmente el uso de vapeadores
Restricciones a los cigarrillos electrónicos y desarrollo de sanciones legales
La normativa gallega va más allá del tabaco tradicional. En todas las zonas designadas se prohíben los cigarrillos electrónicos y los vaporizadores personales. Las autoridades sanitarias autonómicas implantaron esta norma para reducir la visibilidad de la nicotina y evitar la normalización social del vapeo entre niños y adolescentes.
Para respaldar estas prohibiciones, la Xunta colabora con la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) en la elaboración de una normativa municipal unificada. Este futuro marco legal permitirá estandarizar los procedimientos de aplicación y establecer sanciones económicas oficiales, convirtiendo el programa —basado hasta ahora en declaraciones municipales voluntarias— en ordenanzas locales legalmente exigibles.
