El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha advertido que la aplicación dividida de la normativa nacional permite que las operaciones de tabaco ilícito se expandan dentro de las fronteras europeas, drenando unos 13.000 millones de euros de los presupuestos públicos cada año. Publicada en el Diario Oficial el 9 de septiembre, la auditoría concluyó que los productos ilegales representaron aproximadamente el 8,8 % del consumo total de tabaco en 2023.
Las redes criminales trasladan sus operaciones dentro de las fronteras de la UE
Los fabricantes criminales están trasladando la producción directamente a los Estados miembros de la UE para acortar las rutas de suministro y eliminar los riesgos aduaneros. El TCE destacó instalaciones ilegales de alta capacidad, incluida una fábrica belga capaz de producir un millón de cigarrillos por hora y reservas ilícitas en España que superaban los tres millones de paquetes.
Sin embargo, los auditores advirtieron que la cifra oficial de pérdidas de 13.000 millones de euros sigue siendo incierta porque se basa en estadísticas de incautaciones e informes externos, en lugar de métricas de mercado estandarizadas.
Las normativas fragmentadas debilitan la aplicación transfronteriza
La auditoría reveló lagunas regulatorias críticas en relación con el control del tabaco crudo, la maquinaria de fabricación de cigarrillos y las alternativas de nicotina más recientes, como el tabaco calentado y los líquidos para vapeo. Las distintas definiciones legales y sanciones entre los Estados miembros crean vacíos legales para los operadores ilícitos.
Aunque la Comisión Europea amplió su sistema de trazabilidad del tabaco a todas las categorías de productos en mayo de 2024, el TCE subrayó que el software de seguimiento por sí solo no puede sustituir la inteligencia policial operativa ni los códigos penales unificados.
Petri Sarvamaa, miembro del TCE que lideró la auditoría, pidió una mayor coordinación entre las agencias para evitar que los delincuentes trasladen sus operaciones a jurisdicciones con una supervisión más débil.
Piden una supervisión unificada en todos los Estados miembros
Tras investigaciones de campo en Bélgica, España, Polonia y Rumanía, el Tribunal presentó recomendaciones formales a la Comisión y a los gobiernos nacionales. El TCE enfatizó que una aplicación eficaz requiere vincular el seguimiento de las materias primas, los controles de maquinaria y el intercambio de información en tiempo real entre aduanas, policía y departamentos de salud.
