El Tribunal Administrativo Regional de Lazio ha desestimado un recurso presentado por Italian Tobacco Manufacturing y Manifattura Italiana Tabacco, confirmando la legalidad del cálculo del impuesto especial de Italia sobre los cigarrillos. La decisión pone fin a una disputa de seis años con la Agencia de Aduanas y Monopolios y niega las reclamaciones de compensación presentadas por productores nacionales más pequeños.
Disputa sobre la carga mínima de impuestos y la competencia en el mercado
El litigio se originó en un recurso administrativo contra una medida del 13 de enero de 2020 que estableció el método de cálculo de la Carga Mínima de Impuestos (Onere Fiscale Minimo, u OFM) sobre los precios minoristas de los cigarrillos. Las empresas recurrentes sostuvieron que las reglas de cálculo favorecían a los operadores dominantes —que controlan aproximadamente el 90% del mercado— y distorsionaban la competencia para los fabricantes más pequeños.
Durante el procedimiento, los demandantes presentaron peticiones complementarias impugnando medidas administrativas posteriores que reforzaron el mecanismo de cálculo inicial.
Conclusiones judiciales sobre daños y potestades administrativas
El Tribunal Administrativo Regional remitió previamente la constitucionalidad de las disposiciones fiscales al Tribunal Constitucional de Italia en dos ocasiones distintas. Ambas remisiones dieron como resultado que el Tribunal Constitucional declarara los recursos inadmisibles.
Tras esas decisiones, los fabricantes de tabaco solicitaron daños y perjuicios económicos. El tribunal administrativo rechazó la pretensión, indicando que la autoridad fiscal actuó estrictamente dentro del marco legal:
«La legitimidad de las actuaciones de la Administración, que, en aplicación del marco regulatorio vigente, determinó el importe de las cargas adeudadas sin margen de discrecionalidad, ya que el presente caso constituye el ejercicio de una potestad administrativa vinculante.»
El tribunal aclaró que la responsabilidad del Estado por daños exige acreditar una conducta ilícita y una falta administrativa. Dado que la agencia aplicó correctamente la legislación existente y vinculante, no existe base para la compensación.
