El Ministerio de Salud de España, actualmente dirigido por el partido de extrema izquierda Sumar, ha provocado una confrontación significativa en Bruselas tras la presentación de un proyecto de ley orientado a restricciones amplias sobre los productos alternativos de nicotina. La propuesta se ha estancado después de que siete Estados miembros de la UE y la Comisión Europea emitieran objeciones contundentes, alegando incumplimientos de la armonización del mercado interior.
La legislación propuesta introduce una prohibición de sabores para los cigarrillos electrónicos y establece un límite de nicotina para los saquitos de 0,99 mg. Dado que actualmente los saquitos de nicotina existen en una «zona gris» regulatoria que no está cubierta explícitamente por el Directiva de Productos del Tabaco (TPD) de la UE, el intento de España de imponer una prohibición casi total se ha visto como una extralimitación de la soberanía nacional que ignora el principio de reconocimiento mutuo.
«Esto es una postura ideológica, no una política seria de salud pública», afirmó Patrik Strömer, secretario general de la Asociación de Fabricantes de Snus Suecos. Strömer sostuvo que la justificación de España carece de rigor científico y se apoya en una «retórica alarmista» en lugar de en evaluaciones de riesgo actualizadas, señalando que el consumo de nicotina está disminuyendo en el conjunto de la OCDE.
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La DG SANTE de la Comisión Europea también ha expresado su preocupación. La directora general Sandra Gallina advirtió al ministro de Asuntos Exteriores de España que las restricciones están mal diseñadas y que podrían incluso volverse en contra. En concreto, el plan de España de solo prohibir ingredientes inseguros incluidos en los registros químicos de la UE existentes podría, sin querer, permitir que otras sustancias peligrosas y no reguladas permanezcan en el mercado.
Italia y Grecia han lanzado las reprimendas más contundentes entre los países que se oponen. El Gobierno italiano afirmó que la medida daría lugar a «barreras comerciales» que impactan negativamente en los objetivos de armonización de la UE. Grecia hizo eco de estas ideas y pidió que España modifique las disposiciones para garantizar el cumplimiento de la libre competencia y la libre circulación de mercancías.
A pesar de la presión creciente y de la posibilidad de un pulso legal en Luxemburgo, Madrid se ha mantenido hasta ahora inflexible. Si España se niega a revisar el texto, la Comisión Europea podría verse obligada a iniciar actuaciones legales formales para proteger la integridad del mercado único de la UE.
